Vicente Ríos, del blog Sistema en Crisis, nos ha enviado un artículo sobre su visión de la democracia y la ruptura de las jerarquías. Estabamos enormemente interesados en su punto de vista desde que debatimos con él a raiz del planteamiento de nuestra utopía en Ampliando el Debate. Sin más preámbulo, os dejo con él.
En el siglo XVIII d.C Rousseau trató de
recuperar los ideales democráticos atenienses para Francia. Afirmaba
que la soberanía residía en el pueblo y que los parlamentos
simplemente la usurpaban y/o pervertían. Sus ideas impulsaron las
revoluciones liberales en Francia y en EEUU. A finales del XVIII, la
monarquía absoluta francesa sería depuesta y EEUU se independizó
de la corona británica. En aquel “hotspot”
revolucionario la cuestión de debate intelectual era el del recambio
del modelo político. Había dos alternativas sobre la mesa. Por un
lado, la democracia,
que ya se había practicado en Atenas hacía más de 2000 años. De
otro, un nuevo sistema que no había sido practicado nunca
anteriormente: el gobierno
representativo oligárquico
(del griego, “oligos=pocos”
y “arkhia=gobierno”)
y republicano, en el que gobernaría una minoría de representantes
elegida por sufragio sobre un universo de población determinado
[Manin,
1997].
El segundo modelo triunfó debido al
espíritu antidemocrático y a las ansias de control de las élites
que harían el recambio en los cuadros de poder [Dupis-Deri,
1999]. Éstas, consideraban que a través de procesos electorales
competitivos emergerían aristocracias naturales (se elige al
mejor o “aristos’’)
las cuales eran intrínsecamente superiores al (1) sistema de linajes
propio de las monarquías y al del (2) sorteo de cargos públicos y
participación directa, típico de la democracia ateniense. De hecho,
consideraban la democracia como “el
peor de los males políticos”. Para
justificar el gobierno representativo se organizó todo un aparataje
de argumentaciones en oposición a la democracia: la necesaria
especialización de los políticos en el contexto de la división del
trabajo mercantilista (Sièyès, Francia), el analfabetismo de la
población por aquel entonces (Madison, EEUU), etc . Así pues, a
fecha de hoy, llamamos democracia a un sistema que nace en oposición
a la misma [Rosanvallon,
1993]
La palabra democracia, del griego
“demos=pueblo”
y “kratos=poder”,
es mencionada por primera vez por el historiador clásico Herodoto
para designar un sofisticado sistema de distribución del poder
político que involucraba de forma intensiva a la ciudadanía en el
proceso legislativo de la antigua Atenas de los siglos V y IV a.C.
Este sistema político combinaba (1) la participación directa en
asamblea, (2) el sufragio de cargos técnicos (por ejemplo, los
“strategos”)
y (3) el sorteo de magistrados (junto la rotación frecuente de
dichos cargos) a fin de evitar derivas oligárquicas. Como veremos,
el mecanismo del sorteo era una pieza fundamental para el correcto
funcionamiento del sistema Ateniense. Por poner un dato, según
historiadores como Hansen
(1991), la “Boulé”
(cámara/consejo legislativo sorteado) fue la responsable de
aproximadamente el 50% de las leyes aprobadas finalmente en la
asamblea.
Como puede verse en el esquema
institucional a continuación, el objetivo central de la democracia
Ateniense era la igualdad
política real (A). No
hablamos de igualdad económica, física o de otro tipo. El objetivo
central de la democracia era la igualdad política. Esto es muy
complicado de conseguir si establecemos una diferenciación clara y
duradera entre legisladores y legislados. ¿Cómo puede hablarse de
igualdad política si unos ciudadanos legislan y otros son los
legislados por los primeros? Para lograr una democracia, la
arquitectura institucional, debería tender a diluir estas figuras, a
mezclarlas. Para lograrlo, los atenienses definieron ciertos
sub-objetivos e instituciones al servicio de los mismos, de modo que
éstos operasen a lo largo de las diferentes fases del proceso
legislativo: proposición, tramitación, aprobación y control. De
hecho, las instituciones de Atenas estaban planteadas de forma que
esta dinámica de participación, control popular y dilución de
poder político se maximizase en todo momento [Chouard,
2012].
Para la proposición contaban con la
“Isegoría”
(B) y una ciudadanía activa (C). Para el proceso de tramitación,
los atenienses pusieron en el corazón de las instituciones la
“Boulé”,
un consejo de 500 personas independientes elegidas por sorteo. El
mecanismo del sorteo (G)
sujeto a controles (antes, durante y después) (K-Q), aseguraba el
gobierno amateur (E) desinteresado de quienes no quieren gobernar
para sus propios fines. Pero para que este consejo fuese democrático,
necesitaba de la rotación (F) y de los mandatos cortos y no
renovables (H). Un gobierno de este tipo maximizaba honestidad,
trabajo desinteresado y vocación en servir a la comunidad. En
cualquier caso y para evitar cualquiera deriva tiránica, los
atenienses estaban armados (D). Combinado con la rotación rápida,
el uso del sorteo diluía la figura legislador/legislado, favorecía
una ciudadanía activa controladora a la que se le confería
responsabilidades y minimizaba los conflictos de intereses y
corruptelas. Finalmente, para la aprobación, las propuestas eran
devueltas a la Asamblea quien decidía en última instancia.
En la exposición que se sigue, trataré
de mostrar cómo, salvando las distancias históricas, en base a tres
mecanismos de participación directa podemos importar la esencia de
este revolucionario entramado institucional. Estos mecanismos son las
(1) Iniciativas Legislativas Populares (ILP), las (2) Cámaras
sorteadas rotativas y los (3) Referéndums. Así mismo, para
clarificar ciertos puntos, se contrastará la situación actual del
Régimen del 78 con el funcionamiento de un régimen democrático.
- Proposición: La Isegoría y la ILP
La primera fase del proceso legislativo
en un sistema democrático es la de proposición de una ley. Para
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en esta fase,
cualquier miembro del cuerpo político debe poder proponer sus ideas
y propuestas más allá de lo que diga o piense el parlamento o medio
de comunicación de turno. Esto favorece la participación y el que
los ciudadanos se
mantengan activos
realizando una tarea de
control, monitorización y regulación (C).
En Atenas, se garantizó a través de la institución de la
“Isegoría”
(B), la posibilidad de que
cualquiera pudiese proponer una ley en Asamblea.
La versión moderna de esta institución
clave para la democracia en la actualidad es la ILP, la cual requiere
recoger firmas en un plazo determinado. Estas propuestas, si
recaban apoyo suficiente, deben ser llevadas a trámite. Por tanto,
para lograr esa igualdad a priori en el siglo XXI, se requiere que
cualquiera pueda proponer ILPs y que las barreras
administrativas para lanzar las mismas sean lo más bajas posibles.
En España actualmente se requiere del 1.3% del censo por lo que
posiblemente habría que ajustarlo a un valor del 0.5-0.1%. Además,
influyen los plazos de recogida de firmas. Pasar de los 9 meses a los
12 meses facilitaría enormemente la labor de proposición ciudadana.
En cualquier caso, estos parámetros deberían ajustarse con la
experimentación y considerar la posibilidad de adoptar las
tecnologías de la información y el uso de wikiplataformas online a
modo de lanzadera de propuestas de ley (ejemplos descafeinados son
change.org, avaaz, etc.). Es importante recalcar que para dotar de
valor a esta institución, las ILPs deberían poder tratar sobre
cualquier ámbito y ser vinculantes. Esto contrasta con en el actual
modelo Español, en el cual debido al
artículo 87.3 de la Constitución,
los ciudadanos no pueden reformar
ninguna ley orgánica, ni leyes de naturaleza tributaria, ni leyes
de carácter internacional, ni los parámetros de
redistribución de la riqueza, ni la armonización entre regiones, ni
la planificación de la actividad económica. En definitiva, no se
pueden proponer leyes sobre nada relevante.
2) Tramitación: la
“Boulé” y el Senado Sorteado
La segunda fase es la de la tramitación
de las propuestas de ley. Es en esta fase en la que el sorteo se
convierte en el procedimiento central para garantizar la igualdad
política entre ciudadanos. Tramitar los contenidos de una propuesta
de ley es hacerla que pase por las fases necesarias para que se
resuelva sobre éstos. Involucra las etapas de lectura, estudio,
debate, enmienda, contrapropuesta y sometimiento a referéndum. Para
garantizar la igualdad de cualquier ciudadano en esta fase de
“vehiculización” de la voluntad popular,
ninguna visión debería tener, a priori, más poder sobre el futuro
de la propuesta. Sin embargo, en la actualidad, este proceso está
totalmente monopolizado por los representantes electos organizados en
partidos.
Por poner un ejemplo, en España el
artículo 6 de la Constitución
determina que los partidos
políticos “concurren a
la formación y manifestación de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación
política” señalando que
son “la expresión del
pluralismo político”. En
consecuencia, la estructuración en los gobiernos
representativos de la participación política suele articularse en
torno a los partidos, y no a los ciudadanos. De
hecho, la tramitación de leyes se da a través de la Mesa del
Congreso (que tiene la potestad de no admitir las iniciativas) y del
Parlamento (que puede realizar las enmiendas que quiera). Así,
únicamente se ha aprobado una ILP en todo el periodo del Régimen
del 78 (relativa a la propiedad horizontal). De esta forma, se ha
logrado que la ILP haya quedado vaciada por completo de
contenido. Para acabar con esto y
garantizar la igualdad política en la tramitación, es necesaria la
existencia de cámaras sorteadas rotatorias de independientes que
sirvan de foro deliberativo ciudadano en el legislativo. De hecho, es
la única forma viable de saltarse y puentear el filtro
partitocrático y de caminar hacia una política libre de políticos
profesionales como en la antigua Atenas. Se podría contra-argumentar
que esta cámara ciudadana podría constituirse a través de una
elección de independientes no vinculados a partidos o a lobbies de
ningún tipo. Pero el uso del
sufragio aplicado a representantes tiene
varios problemas adicionales que lo hacen indeseable para articular
un sistema políticamente igualitario.
Primero, es un mecanismo que tiende
con alta probabilidad a la corrupción del representante.
Esto se debe a que el candidato que se presenta a unas elecciones
para un cargo X, tiende a pensar en su re-elección. Así, en el ADN
del sufragio está la profesionalización de la política y
separación del legislador/legislado. Y cuanto más tiempo toquen
poder los cargos públicos, más probable será que se corrompan. Uno
de los problemas con el poder político es el poder en sí mismo,
pues tiende a transformar y a sacar lo peor de sus usuarios.
Planteándolo de forma distinta, quienes compiten en unas elecciones
por el poder/cargo son personas que aspiran a gobernar, así que ¿Por
qué quieren gobernar? ¿Para servir al resto o para servirse a sí
mismos? ¿Alguien que quiere poder lo suele querer para hacer el
bien? ¿Es una buena cualidad ética querer el poder?
El sorteo, por su parte, resuelve este
problema a través de la selección de legisladores que (i) no
quieren gobernar y (ii) que cambian con una frecuencia relativamente
elevada. Por otro lado, contar con legisladores seleccionados por
sorteo garantiza que éstos no deberían a nadie su posición por lo
que serían completamente independientes.
Únicamente tendrían que ser leales a su conciencia y no a ningún
partido o grupo de presión en concreto, sobre todo porque no estarán
preocupados por su reelección, pues no dependería de ellos. Por
tanto, el diseño institucional sorteista casa mejor con los
objetivos del amateurismo
político (E) y la rotación de cargos (F).
El objetivo de la rotación de los cargos se consigue a través de
articular mandatos cortos y no renovables. Esto evita que alguien
pueda acaparar el poder durante mucho tiempo, y por otro lado,
permite, si la rotación se da a una frecuencia suficientemente
elevada, que todos desempeñen ambos roles en algún momento
diluyendo la dicotomía legislador/legislado (con una aplicación
escala multinivel, estatal-regional-municipal, se tendrían más de
8000 cámaras legislativas sorteadas rotatorias y de políticos
amateur, la mayor escuela de política que se pueda imaginar). Por su
parte, el objetivo del amateurismo, refuerza el primero. Hacer una
larga carrera política profesional en un partido choca contra la
renovación frecuente del legislativo de forma que se implique a
mucha población en éste. Esto está directamente relacionado con
tener una ciudadanía activa
(C) que controle y monitorice
la actuación del legislativo, minimizando las probabilidades de
corrupción.
El segundo problema de la elección de
representantes, y el que rompe más claramente con la idea de
igualdad política, es que la
elección favorece a dos tipos de personas: a aquellos que son ricos
y conocidos (ricos
mediáticamente) y a aquellos
que justamente quieren el dichoso poder. Según
las investigaciones de McCormick
(2006), el mecanismo de la elección falla clamorosamente en
reflejar la diversidad existente en la sociedad. La utilización del
sorteo, por el contrario, trata de mantener la igualdad política
entre ciudadanos y grupos de poder organizados. Primero, bajo un
muestreo aleatorio sobre el censo completo (un sorteo) todos
los miembros de la población tendrán la misma probabilidad de ser
gobernantes y gobernados. Segundo,
dado que los cargos son seleccionados a través de un muestreo
aleatorio sobre el censo, no sólo los sistemas de valores y
creencias de la población sino también las
características sociales y demográficas (ingresos, raza, religión,
etc) obtendrán una representación
precisa en la cámara
ciudadana. De hecho, como puede verse abajo, las
fluctuaciones/desviaciones en la voluntad de tramitar leyes o
elaborar contrapropuestas (usando datos del universo/censo de España)
a partir de los 385 legisladores seleccionados al azar, no serían
superiores al 5% con una probabilidad del 95% de lo que sucedería si
todos participásemos en dicho proceso.
Una propuesta moderada sorteísta pensada
para puentear a los partidos en el contexto actual, pasaría por
transformación del uso del Senado a fin de que este se encargara de
la (i) tramitación de ILPs, (ii) la convocatoria de referéndums,
(iii) la regulación de sueldos , (iv) la rendición de cuentas, (v)
el bloqueo temporal de decisiones adoptadas por el congreso de
diputados electos, (vi) del control de los cargos electos y (vii) de
elaborar informes y convocar comisiones de control, entre otras
cosas. Un esquema simple de cómo abrir ese canal legislativo a
través de un Senado Ciudadano puede verse abajo:
Una
crítica frecuentemente planteada es que este mecanismo no
funcionaría porque es necesario que el político sea “experto” y
que gobiernen “los mejores” pues para el ejercicio de la política
hacen falta conocimientos que no todo el mundo tiene. Sin embargo,
las investigaciones en el campo de la inteligencia colectiva (Hong
y Page, 2004; Wolley
et al., 2010) sugieren que precisamente, una de las
propiedades deseables del uso de la herramienta sorteo es que
produciría grupos
legislativos colectivamente más inteligentes
que aquellos basados en la elección. La idea subyacente a esta línea
de investigación, es que para un tamaño suficientemente grande de
asamblea existirían, correlaciones negativas entre las habilidades y
perfiles cognitivos de los integrantes (Landermore,
2012). En este contexto, una correlación negativa implica que
cuando uno se equivoca en una determinada cuestión, habrá otro que
no lo haga. De forma resumida: produce una diversificación que
elimina el “riesgo sistémico” o la propensión agregada del
grupo de equivocarse.
3)
Aprobación: Votación en la Asamblea y Referéndums
Aunque en la antigua Atenas la “Boulé”
fuese capaz de proponer sus propias leyes o hacer contrapropuestas a
las planteadas por la Asamblea, cualquier ley, para ser
aprobada o rechazada, debía pasar el filtro de la Asamblea bajo la
regla “1 ciudadano = 1 voto”.
Lo mismo sucedería en el esquema del Senado Ciudadano. Sin embargo,
en la actualidad, la votación en asamblea tendría su equivalente en
el referéndum vinculante extendido sobre todo el universo de
población. De hecho, Suiza es considerado por muchos politólogos
como el país con el sistema más profundamente democrático
existente, precisamente por el uso extensivo que hace del referéndum.
Esto contrasta con el uso que se hace del mismo en España, en la que
la Constitución del 78 en el
artículo 92, limita la posibilidad de poder convocar un referéndum
al mecanismo consultivo a instancia, exclusivamente del Gobierno del
Estado, que evidentemente solo lo convocará cuando tenga la
expectativa de un resultado favorable a sus intereses.
Así mismo, es importante recordar que se
pueden articular diferentes tipos de referéndums para tratar
múltiples cuestiones. Algunas variedades relevantes de referéndums
empleados en países como Suiza o Italia son las siguientes: (i)
referéndum constitucional obligatorio (si se quiere reformar la
constitución el pueblo tiene la última palabra), (ii) referéndum
facultativo (para ratificar cambios legislativos de modo que a toda
ley aprobada por el parlamento se le puede exigir que sea sometida a
referéndum) (iii) referéndum por ILP (las ILPs que llegan a un
número X de firmas desembocan directamente en referéndum) y (iv)
referéndum de contraproyecto (en el caso de que el parlamento
presente un contraproyecto a la ILP se hace un doble referéndum en
el que se pide la aprobación o rechazo de cada una de las
propuestas, la parlamentaria y la ciudadana pudiéndose aprobar o
rechazar ambas o solo una de ellas).
4) Controles
En definitiva, queda claro que para
articular una democracia real, necesitamos una batería de mecanismos
participativos que involucren a la ciudadanía y reduzcan los poderes
de los partidos y representantes. Sin embargo, también es necesaria
la utilización de una batería de controles a los ciudadanos. Esto
se debe a que al articular un gobierno ciudadano podrían gobernarnos
ciudadanos nefastos, indeseables o incluso peligrosos (Belén
Esteban, un nini/cani, un neonazi). Los
griegos resolvieron los riesgos del uso del sorteo gracias a toda una
serie de eficaces medidas de control. Todo candidato designado pasaba
por varios filtros que minimizaban esos riesgos.
Los mecanismos de control
ex-ante eran el (i)
voluntarismo, (ii) la “diocimasia”
y el (iii) ostracismo. La voluntariedad (L) en Atenas se basaba en la
exclusión pasiva. Si uno no iba a la Asamblea no podía salir
elegido. En la actualidad se debería dar por defecto y sólo se
excluiría a aquellos que comunicasen explícitamente. La
“diocimasia”
(E) consistía en una prueba de aptitud (no de conocimientos, pues
actuaría contra la igualdad) a fin de testear la capacitación
mental, actitudes éticas como la tolerancia, el respeto, etc.
Finalmente se usaba el ostracismo (N) que era un mecanismo de
inhabilitación y de defensa contra los indeseables. Si el nombre de
una persona alcanzaba una cifra de votantes en contra tenía que
marcharse de Atenas. Durante,
los legisladores estaban sujetos a la posibilidad de revocatorio (O)
o “impeachment”
y a la rendición de cuentas (dar cuenta de su gestión,
incompatibilidades, etc). La rendición de cuentas también se daba a
posteriori,
pues existía la posibilidad de acusación pública (Q), el llamado
“grafé paranomon”,
a través del cual se demandaba al portavoz de una propuesta que
hubiese sido nociva, corrompido al pueblo y las leyes del estado.
Conclusión
En
definitiva, una democracia es un sistema de gobierno ciudadano que
busca la igualdad política, que usa el sorteo y la rotación rápida
porque se basa en la desconfianza y que controla durante todo el
proceso legislativo cualquier deriva oligárquica. Como hemos visto
en este post, el sorteo y rotación rápida de los legisladores son
claves para fomentar una ciudadanía activa, lo cual es otro
requisito indispensable para la coherencia del conjunto del sistema.
Sin embargo, el uso del mecanismo sorteo en lugar del sufragio, por
sí sólo, no es la panacea. Es sólo una pieza defensiva más del
engranaje anti-oligárquico, pues necesita complementarse con la
posibilidad de que cualquiera pueda proponer leyes y de que, en
última instancia, todos podamos votar sobre ellas si así lo
deseásemos.