Colaboración democrática transnacional

En entradas anteriores analizamos los problemas que nos plantea la globalización, y propusimos cambiar este paradigma por el de la autonomía, un concepto diferente al de soberanía. El planteamiento general consiste en invertir los papeles que los mercados y la democracia tienen en la actualidad: por un lado dando prioridad al objetivo económico de una autosuficiencia local no autárquica, y por otro lado, ampliando los espacios de deliberación y de participación para la cooperación democrática transnacional. Cuando una comunidad es autosuficiente para lo básico y no depende de factores externos para la inclusión económica de todos sus miembros, entonces y sólo entonces sus vínculos políticos con el exterior pueden establecerse con libertad. En esta entrada terminaré la serie para argumentar esta última tendencia deseable sin intentar precisar sus formas. Sería absurdo determinar cómo debe ser una imbricación política de distintos pueblos a nada que valoremos la autonomía democrática para ir tejiendo esas relaciones o esas estructuras de cooperación política.



Ya hemos dicho que la autonomía no equivale a la desvinculación sino la posibilidad de controlar los vínculos propios. Más aun, se puede decir que, al menos en parte, la autonomía se expresa y cobra cuerpo precisamente en las relaciones, al aflorar la iniciativa en la gestión de las mismas. En política esto equivale a que los distintos pueblos no puedan verse sometidos a chantaje por parte de los mercaderes globales; que la democracia se superponga a los derechos de propiedad privada absoluta y a las leyes del mercado; y que las relaciones internacionales se basen en acuerdos políticos consensuados por las poblaciones y no en acuerdos económicos sobre la democracia pactados entre las oligarquías de cada país.

Pero la autonomía no se centra en precisar un ámbito geográfico óptimo para la auto-institución política o para la autosuficiencia económica. Es un concepto esencialmente cualitativo; se expresa en la capacidad de las personas y de las sociedades para gestionar su devenir común, y puede ir también en el otro sentido: democratizar las instituciones políticas supranacionales, (no las instituciones económicas creadas para aumentar el libre comercio global), así como crear otras nuevas con fines distintos y sujetas a un verdadero control ciudadano.

Por poner ejemplos, podemos pensar en instituciones para definir, proteger y gestionar el uso de unos comunes globales, desde la atmósfera hasta el conocimiento; instituciones de supervisión ecológica, para establecer límites ambientales a la producción o para la restauración de ecosistemas; instituciones de supervisión de los Derechos Humanos; confederaciones municipales transnacionales; parlamentos internacionales con competencias concretas bien delimitadas, referéndums transnacionales, instituciones para la mutualización de riesgos; la institución de un bancor como moneda de reserva para estabilizar el sistema de cambios; cooperación en un internacionalismo autonomista; instituciones parar la colaboración en la implementación de proyectos cooperativos locales compartiendo información y experiencia; determinadas políticas públicas que convenga desarrollar y gestionar en común; libre circulación de personas entre los países que decidan compartir este planteamiento; política exterior común para defenderlo conjuntamente; políticas migratorias comunes vinculadas a políticas de ayuda a la autonomía; o cualquier otra institución que colectivamente decidamos ir creando mediante una participación equiparable a la de un proceso constituyente, pues esa suele ser la trascendencia de los compromisos internacionales.

Estas instituciones no tendrían por qué suplantar la toma de decisiones locales (más allá de mandatos concretos) sino estudiar objetivamente los problemas transnacionales e informar adecuadamente para una toma de decisiones en las instituciones democráticas locales. De este modo la cooperación democrática transnacional permitiría mantener la autonomía local y, más bien, se articularía desde esta última.

Ante problemas que afectan a un ámbito territorial vasto la solución no es abandonarlos o delegarlos (en técnicos y representantes) sino simplemente hacer que sea igualmente amplio el número de personas y de pueblos que deliberan y deciden sobre ellos. De lo contrario, si se toma el atajo de los altos representantes o de la alta diplomacia, o si se confía en tecnócratas para abreviar los procesos, seguirá ocurriendo que el mecanismo falsamente apolítico de los intereses mercantiles ocupe el espacio de decisión abandonado por nuestro criterio político, que con toda seguridad no se limitaría a valorar rentabilidades. Nuestro verdadero interés se juega en aspectos que van mucho más allá de unas burdas cotizaciones bursátiles.

En contra de lo que se nos hace creer, no es posible tener instituciones independientes de la política. Cuando se pretende esto, estas acaban respondiendo a los intereses minoritarios de quienes tienen acceso a su burocracia, o cuando menos responden a unos objetivos políticamente predefinidos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el BCE y con todas las instituciones creadas por los gobiernos sin participación democrática de la población en su constitución y control.

La única forma de alejar las decisiones económicas de la arbitrariedad de los intereses parciales, (sean los de un déspota, los de una minoría de burócratas o los de una oligarquía), es someter esas decisiones al criterio de todas las personas de la comunidad afectada. Cada cual conoce mejor que nadie sus intereses (económicos y no económicos) y sólo la agregación de estos tras una deliberación pública puede hacer que las decisiones económicas sean menos políticamente parciales y que además incluyan la importancia de criterios distintos a la máxima rentabilidad para la riqueza privada, (criterios como la conveniencia de políticas públicas, decidir qué debe quedar al margen del comercio, poner límites al poder económico; criterios relacionados con el equilibrio ecológico, los derechos humanos o el buenvivir).

Por ejemplo, no nos ha de bastar con desmontar el euro y fraccionar el mercado común. Podemos actuar además en el otro sentido replanteando la UE en un proceso constituyente -coincidiendo en esto con Varoufakis-. Siguiendo nuestro guión, y suponiendo el debido apoyo al mismo, esa nueva constitución tendría que poner en valor la autonomía de sus miembros y la colaboración democrática por encima del libre comercio. Se podría mantener una unión basada en un parlamento verdaderamente democrático, en la libertad de movimiento de las personas y en las políticas públicas que creamos convenientes, y se relegaría la faceta comercial deshaciendo la integración normativa en este terreno en favor de la búsqueda de la máxima autosuficiencia local.

Lo que necesitamos recuperar es, sobre todo, autonomía política en todos los niveles de decisión, (más que soberanía nacional, pues esta última no nos garantiza que las decisiones se tomen de forma democrática en el seno de la nación). Y, como estamos viendo en el presente, no es la imbricación comercial de las naciones lo que va a traer paz y libertad al mundo sino su imbricación democrática, mediante el establecimiento de entornos de decisión comunes y vinculantes a la vez que participativos y horizontales, al menos para los asuntos que trascienden la problemática local. No necesitamos tanta flexibilidad económica sino más flexibilidad política e institucional. En lugar de tener mercados internacionales y gobiernos locales, podríamos buscar democracias anidadas que abarcaran el ámbito transnacional y supeditar el comercio a la autosuficiencia local y a la sostenibilidad general.

Pero eso requiere olvidarse de la obsesión por el crecimiento, la competencia y la supremacía. El triunfo o el éxito sobre los demás como objetivo vital exige una pugna inacabable y una actividad económica incesante, porque los demás siempre estarán ahí, forzados a hacer lo mismo. El entorno competitivo debe ceder su trono a la búsqueda de la autonomía para todos como prioridad política. Y este nuevo contexto social sería una ganancia también para las potencias hegemónicas actuales, que son rehenes de su posición, siempre amenazada, y que por ello tampoco pueden perseguir otros objetivos políticos.

La autonomía emerge en entornos cooperativos con más facilidad que en entornos de rivalidad en los que, además, los diferentes actores parten de situaciones muy dispares conduciendo a dinámicas de dominación y de desigualdad creciente. Una cooperación para favorecer la autonomía de cada parte y para comprometer autolimitaciones en favor de la sostenibilidad podría extenderse entre muchos estados con un ideal (utópico) de coordinación reticular mundial, pero sobre todo, tejiendo paso a paso esa red de cooperación transnacional o interlocal como forma de ir haciendo posible el cambio frente a los poderes globales. Nada obliga a que la cooperación democrática se inicie en la ONU con un quimérico compromiso global. La OCDE o la OMC se han ido construyendo mediante complejos acuerdos parciales, y lo mismo podría hacerse entre pueblos que compartan una misma visión política y que poco a poco podrían llegar a concitar una mayoría global significativa que cambiara la hegemonía mundial.

Al igual que los tratados de libre comercio agrupan a gobiernos que comparten ese propósito, (al margen de la proximidad o de la pertenencia a un mismo continente), los acuerdos de cooperación política tendrían como base una afinidad de principios o de objetivos políticos concretos. Podrían articularse como federalismo, como confederalismo o mediante otras formas de cooperación autónoma, pero sea la fórmula que sea la que se vaya eligiendo, en cualquier caso la democracia tendría que superponerse al comercio y determinar la política económica. Así se podría limitar la competencia y hacer frente a la incesante transformación humana y ambiental derivada de la idolatría de la riqueza.

La toma de conciencia necesaria para este internacionalismo cooperativo implica un cambio cultural. Implica comprender la mutua dependencia entre todos los habitantes del planeta, y asumir el vínculo esencial de todos con la biosfera que nos acoge y que nos ha conformado antes que cualquier otro apego cultural o territorial; implica asimilar en la propia identidad este vínculo natural ajeno a las fronteras y a las etnias.

La mayoría de las poblaciones tradicionales y tribales fueron bilingües, reflejo de una conciencia colectiva de lo humano que trascendía los límites de la comunidad propia. Llevando este ejemplo un poco más lejos, tendremos que integrar un doble sentido de pertenencia, y aceptar que el velo de toda cultura local se teje con hilos humanos comunes que también necesitamos valorar y cuidar.

El planeta es finito, la naturaleza local depende de vinculaciones globales y el clima no conoce fronteras. Y aunque sigamos estableciendo este tipo de barreras para las sociedades, tampoco es posible mantenernos al margen de las consecuencias que provoca nuestra política internacional. Por muchos límites que decidamos poner a la movilidad entre territorios es necesario al menos reconocer que, en el fondo, las fronteras son una forma de evadirnos de los problemas de convivencia planetaria generados por la globalización. Si por ejemplo en una provincia de nuestro país aumentase el paro enormemente y además surgiesen facciones mafiosas enfrentadas violentamente en su seno, y todo ello provocase una gran salida de personas de esa provincia, ¿crearíamos una frontera en torno a la misma como solución a esos problemas?

De algún modo es necesario hacernos responsables localmente de lo que ocurre allende nuestra vecindad inmediata; incorporar en nuestro debate local la política transnacional; asimilar que la autonomía de todas las poblaciones del mundo (o la falta de la misma) es un asunto que nos debe concernir a todos so pena de acabar sufriendo las consecuencias de uno u otro modo.

Salta a la vista que la ubicación geográfica de la población mundial requiere cierta racionalidad. No es una cuestión de la que se pueda prescindir como si todo el planeta pudiera vivir en el mismo lugar en caso de proponérselo. Pero si queremos evitar emigraciones masivas, (nunca deseadas por sus protagonistas), tendremos que preocuparnos cooperativamente por la autonomía política y económica de cada comunidad. La falta de esta autonomía es lo que impone la movilidad laboral o vital. Los muros sólo son parches para el miedo ante lo que no resolvemos, o peor aun, ante los males provocados por la política de los gobiernos enriquecidos y de sus corporaciones afines con su acaparamiento interminable allá donde la falta de autonomía local lo hace posible.

Sólo una verdadera y eficaz cooperación podría resolver este problema. Ha de ser un compromiso suficiente para garantizar el derecho a permanecer en el lugar de origen. Se trataría de una cooperación entendida como destino compartido, más allá de la solidaridad, que velaría por la autonomía de todos como un bien común en lugar de limitarnos a afrontar únicamente las consecuencias más dramáticas de este fracaso humano de la globalización.

Lo que favorecería esa autonomía no es una caritativa ayuda al desarrollo, generalmente condicionada a que también sea favorable para las empresas de los “ayudadores”, y mucho menos la suposición falsa y acomodaticia de que la globalización de los negocios llevará consigo el progreso. El llamado Consenso de Whashington, nominalmente concebido para sacar de sus crisis a los países en desarrollo, en la práctica ha sido más bien una forma de aprovechar cruelmente la debilidad ajena en la competición internacional.

Por contra, cualquier ayuda a la autonomía debe pasar por favorecer esta generosamente en la conciencia de la mutua dependencia; en la conciencia de que todos dependemos de todos. La falta de autonomía de cualquier población ha de considerarse como un problema de todos, como una enfermedad del organismo que compartimos, y que siempre podría extenderse o tener efectos sobre el resto. Será difícil concebir una forma de ayuda realmente eficaz sin salir de la competencia territorial, sin pasar a considerar a la humanidad toda como nuestro primer vínculo social y a la Tierra como un bien común a gestionar comúnmente, (y no como una tierra de nadie apropiable por el más fuerte o por el más listillo en un entorno de desconfianza precisamente ante la autonomía de los demás).

Si realmente queremos fomentar la autonomía ajena (y no un mero desarrollo forzado y controlable desde las metrópolis) hay varias posibilidades, pero lo primero es dejar de esquilmar los recursos naturales de los países empobrecidos, dejar de entorpecer su desarrollo con el comercio ventajoso para quien ya es rico, dejar de evadir impuestos de los lugares en los que tiene lugar la actividad económica y dejar de favorecer a tiranos y a oligarquías antidemocráticas. A partir de ahí podríamos apoyar los movimientos pacíficos de democratización y la formación para los mismos, transferir tecnología y conocimiento libres, y aportar una compensación económica pública equivalente a un plan Marshall -una deuda histórica- pero ahora orientada a promover la autosuficiencia y la autonomía democrática en la forma de invertir esa aportación.

Esto no implica la erradicación de toda inversión privada extranjera. Como ya dijimos no es lo mismo autonomía que autarquía. La justificación habitual para las inversiones y el movimiento de capitales es que los recursos ociosos puedan ser empleados por quienes los necesitan. El problema es la inflexibilidad de la deuda, la irracionalidad de los intereses contractualmente exigibles (al margen del resultado de la inversión) y la falta de asunción de riesgo por parte de los prestamistas. Con las actuales instituciones económicas supranacionales defendiendo esta inflexibilidad, los prestatarios quedan atrapados en una situación sin salida, cayendo en la sumisión política respecto a unos acreedores que intentarán recuperar su inversión a costa del sufrimiento de la población, y que harán negocio con los avales. Una forma más razonable de favorecer que los ahorros de unos puedan servir al desarrollo autónomo de otros podría estar en la lógica de las finanzas islámicas, (como nos explicaba nuestro compañero Jesús Nácher al final de su reflexión Ni globalización ni nacionalismo: Internacionalización).

Es importante comprender que la elección de la autonomía como nuevo paradigma no beneficiaría sólo a quienes padecen una mayor dependencia en la actualidad sino al conjunto de la humanidad, incluyendo a quienes no sufriendo carencias materiales viven presos de un productivismo competitivo sin fin que mediatiza la mayor parte de su tiempo y de sus energías. De ahí la necesidad de un nuevo internacionalismo de clase que oponga la autonomía personal y de los pueblos frente a esta alienación, y que proponga el apasionamiento en la búsqueda de un mundo mejor frente a la ambición económica, la comodidad consumista o la docilidad del entretenimiento comercial.

Si nos valoramos como seres humanos y no como meros obreros o burócratas de una gran maquinaria, aspiraremos a algo diferente de un aumento de nuestra capacidad de consumo. Una vez lograda cierta estabilidad económica suficiente necesitaremos más bien ganar tiempo para la autonomía, o lo que es lo mismo, necesitamos reivindicar las condiciones sociales que hagan posible la misma: una garantía de inclusión, una distribución equitativa de los frutos de la producción, reparto del trabajo realmente necesario, y acceso a la toma de decisiones políticas.  

Entre otras cosas esto haría posible determinar una escala óptima para la economía (cuya prioridad ya no sería el crecimiento) y decidir el espacio que la transformación económica debe dejar a la preservación del capital natural. No reivindicarnos como seres humanos más allá del trabajo, no reivindicar nuestra autonomía es una bajeza moral que cometemos con nosotros mismos y que nos impide hacernos responsables del rumbo que lleva la humanidad.

 

¿Cómo promover todo esto y cómo avanzar hacia ello? Ante el control corporativo y elitista del mundo académico y de los principales medios de comunicación, y ante la represión de los movimiento sociales, la única opción es una (auto)concienciación, persona por persona, pero que hoy día puede funcionar de un modo reticular, asociativo y viral al margen de la localización geográfica.

Y para que esta difusión sea posible es fundamental la cultura libre. Esta es otra faceta cualitativa de la autonomía. Como seres culturales que somos, nuestra autonomía depende de poder orientarnos con libertad en el ámbito de la información, la cultura y las comunicaciones. Sin embargo la globalización también nos está llevando en sentido contrario, no tanto mediante la censura como a través del control de la hegemonía cultural y la uniformización en torno a ideas y costumbres similares. El individualismo de mercado en realidad pretende que no actuemos como individuos sino como réplicas previsibles del mismo individuo. Por eso la cultura libre se ve amenazada desde las instituciones defensoras de la globalización. Así por ejemplo, el sistema de patentes y copyright entorpece lo primero y favorece lo segundo. Y recientemente la neutralidad de Internet se ha visto traicionada y torpedeada por el parlamente europeo, que ha votado contra la misma.

El camino opuesto consistiría en mantener la neutralidad, apoyar la información independiente que se mantiene al margen de grandes grupos económicos, contribuir al conocimiento general y a compartirlo, y además convertir el acceso a la red en un derecho básico.

No obstante, como todo desequilibrio encuentra finalmente su caída, en el peor de los casos cabe la posibilidad de que el colapso de esta forma de funcionar termine haciendo imperiosa la necesidad de una alternativa. Entonces puede hacerse valer el trabajo previo en su diseño de modo que no triunfe el atajo fácil del fascismo. Así por ejemplo, esta clase de previsión ha hecho posible, a pequeña escala, la autonomía cooperativa de algunas poblaciones kurdas mientras dura la guerra de Siria, como se explica hacia el final de esta charla:

Sean cuales sean las virtudes y defectos de esta reflexión, en cualquier caso es necesaria la búsqueda de un pensamiento estratégico que pueda precisarse en una visión fácilmente comunicable. La solución propuesta en este caso no es ni el nacionalismo ni el gobierno mundial sino la generalización de una autonomía cooperativa: conjugar la relocalización económica con la cooperación democrática transnacional. Hay que denunciar este falso vínculo (económico y competitivo) en favor del verdadero (democrático y cooperativo).

En realidad cada medida concreta esbozada en esta serie de entradas tendría que demostrar su eficacia o ser corregida en la práctica. Su valor es el de los ejemplos que facilitan la comprensión. Y lo verdaderamente importante es esta comprensión del nuevo enfoque. La autonomía es el referente que nos diría si se está obrando bien o mal a la hora de juzgar las políticas. Y una vez asumido socialmente el nuevo paradigma, la propia inercia favorecería el proceso de maneras insospechadas.

Es evidente que se trata de un enfoque a largo plazo y no de un programa acabado. Al igual que la propia globalización, o que el surgimiento de los estados-nación, estamos ante un proceso de largo alcance que requiere una visión clara, una idea-fuerza que sirva para inspirarlo y empujarlo, un horizonte de referencia hacia el que caminar, y que bien podría ser esta autonomía cooperativa para lograr un verdadero bienvivir.