Recientemente hemos
asistido al espectáculo poco edificante de ver cómo los dos
principales partidos de nuestro país, Partido
Popular y Partido
Socialista Obrero Español, que han gobernado el país durante
casi 40 años, conduciéndonos al callejón sin salida en el que nos
encontramos, se han mostrado partidarios de una “renta básica”.
Es necesario entrecomillar el sintagma “renta básica”, puesto
que en las propuestas de ambos partidos se esconde un uso espurio,
engañoso de este término, que nos atrevemos a especular, está
provocado por el ascenso del nuevo partido Podemos, que en su
programa a las elecciones europeas incluía la propuesta de una Renta
Básica de Ciudadanía.
La Renta Básica de
Ciudadanía es una asignación monetaria que se realizaría a todo
ciudadano, independientemente de su condición, ya sea esta la de
trabajador o parado, ya sean sus ingresos altos o bajos. Sería una
política de redistribución a gran escala, con sus ganadores y
perdedores, que no sólo serviría para eliminar la parte más
sangrante de la miseria en nuestra sociedad, sino que podría dar lugar a formas de vida alternativas, nuevas formas de producir y consumir,
que no interesa propiciar a quienes están cómodos con el status
quo.
No seré yo el que se
muestre contrario a las propuestas de PP y PSOE. Estas consisten en
dar una renta mínima a los pobres, a las familias sin ingresos,
castigadas por la más urgente necesidad. Sin embargo, es impropio, e
inmoral, denominar a este subsidio Renta Básica.
La Renta Básica es una
política de redistribución a una escala mucho mayor, con un “coste”
más elevado, pero con unas características que le confieren unas
ventajas que no tiene el subsidio para pobres.
Al ser automáticamente
asignada a cada ciudadano, la renta básica no tiene costes de
gestión, no es necesario pagar a funcionarios que comprueben que
determinado individuo cumple los requisitos para la asignación del
subsidio, simplemente todos cumplimos esos requisitos. Este coste de
gestión no es baladí, suele suponer el 50% del importe desembolsado
por el contribuyente para el programa de ayuda.
Al ser totalmente
compatible con recibir un salario, la renta básica no fomenta la
economía sumergida, nadie pierde el subsidio por encontrar un
trabajo, ya sea a media jornada o a jornada completa. Esto elimina
los problemas morales que suelen estimular la crítica contra estos
programas, cuando se institucionalizan de una forma susceptible de
fomentar la picaresca.
¿Cuánto costaría?
Habría que redistribuir en torno al 15% del PIB para dar un subsidio
universal de 450 euros a cada español. Hay que destacar que este no
sería el coste del programa, el dinero no se destruye al
distribuirlo, se trataría de una reasignación de los ingresos a
posteriori de la realizada por el mercado, y podría tener el
efecto tanto de bajar como de subir el PIB, pero en general se estima
que a corto plazo lo bajaría ¿A quién le importa? cabría
preguntar. No
tenemos problemas de producción, sino problemas sociales y medio
ambientales.
¿Por qué decimos que
una Renta Básica de Ciudadanía propiciaría formas de vida
alternativas? Porque junto con otros instrumentos, como el Empleo
Público Garantizado, la reducción del tiempo de trabajo o los
bienes comunes, propiciaría lo que nosotros denominamos
una economía inclusiva, una economía que permita la
participación de todos en los costes y beneficios de la producción,
sin excluir a nadie por razones economicistas, como la ausencia de
demanda de empresas y agentes para determinadas habilidades de
trabajo.
Por encima de todo somos
ciudadanos y personas, y a causa de ello tenemos derechos y
obligaciones. Ningún ciudadano debería consentir, bajo la excusa de
un racionalismo economicista, que los derechos del hombre sean
pisoteados. Nadie debería ser excluido, mientras esté dispuesto
a trabajar.
La
renta básica propiciaría, si fuese adecuadamente
institucionalizada, la eliminación del miedo existencial a la
exclusión. En ese entorno podrían florecer formas
alternativas de consumir y producir, podríamos reducir
nuestro tiempo de trabajo sin miedo a perderlo todo, podríamos
arriesgar en proyectos que no sólo propicien un rendimiento
monetario, sino también social. Podríamos intercambiar, con la
ayuda de bancos de tiempo o
monedas locales, servicios semi-profesionales entre los
ciudadanos, sin miedo quedarnos excluidos del mercado de trabajo.
Tal política,
evidentemente, no interesa a quien mira sobre todo las cuentas de
resultados de las grandes compañías. Esta política está
diseñada para favorecer al ciudadano, no las cuentas de resultados.
Esto es legítimo, pero es justo que no nos engañen, que no digan
“renta básica” cuando quieren decir subsidio para pobres.
